Nuestra Constitución, supremo marco legal de todos los españoles, creó el Tribunal Constitucional con la encomienda de controlar el respeto a aquella norma, la subordinación de todas las demás leyes, órganos y poderes públicos, y la vigilancia rigurosa de que se cumplen los derechos y libertades públicas.

Su composición siempre ha sido controvertida, o cuando menos debatida. Por una lado, y según la doctrina de la separación de poderes imprescindible en toda democracia, no puede haber ingerencias de los otros poderes, ejecutivo y legislativo, en función tan medular como la vigilancia superior de que la leyes se adapten y se cumplan, pero por otro lado tampoco se puede dejar a la judicatura plena libertad para que por y entre sí se elijan y organicen el funcionamiento de un poder de tanta envergadura y responsabilidad, constituiría un islote de autogobierno sin controles externos.

En un compromiso de dar salida a la polémica se optó por darle una composición presuntamente independiente. Sus doce miembros son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros en cada Cámara), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos), entre ciudadanos españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados de reconocido prestigio con mas de quince años de ejercicio en la profesión. Aparentemente podía haber funcionado correctamente y con independencia.

Pero el equilibrio era débil y la tentación alta, topándose con una derecha conservadora que mantiene a ultranza y por encima de todo su vocación de partido único, de quedarse sola manejando a capricho las esferas de poder, que hace gala instrumental de «el fin justifica los medios». Así lo que naciera con la pretensión de ser un órgano guardián de la Constitución se apareció como un resquicio aprovechable de boicot al gobierno socialista. Otro ardid más para burlar la voluntad electoral de los españoles. Sin embargo la justicia en la persona de sus representantes, en todos sus grados y órdenes, no debe olvidar su compromiso con la sociedad a la que sirve, por encima de todo interés particular y partidista.

Sin ningún pudor democrático el partido Popular está utilizando como peones teledirigidos a los magistrados designados por su partido, y ellos, que han jurado lealtad en el ejercicio de sus cargos, se prestan al juego mendaz y torticero con tal de tumbar las leyes de progreso que para este país ha trabajado el gobierno actualmente en el poder.

La derecha conservadora, hoy totalmente tomada por su facción más ultra, no entiende de respeto a la independencia de las instituciones, las manipula, las maneja, las ensombrece en un juego de descrédito sin precedentes. Cargarse leyes aprobadas y vigentes, y envenenar la creencia de los españoles en el funcionamiento de las instituciones que nos protegen son las claves de su estrategia. Objetivo hacer creer que todo es un desastre, que todo está contaminado para presentarse como salvadores de esa patria una, grande y libre que tanto se esfuerzan en ensalzar.

Leyes de tanto calado social como la Ley de igualdad o la Ley de Matrimonios Homosexuales, pueden desaparecer si prosperan las impugnaciones del Partido Popular que las tacha de inconstitucionales. El juego como siempre está meticulosamente urdido. Nunca el partido Popular, aunque gobernase derogaría leyes de progreso social, lo que pretende para inutilizarlas es matarlas antes de crecer haciendo decir a los jueces que no son jurídicamente correctas. Se trata una vez más de hacer hablar a los técnicos en pronunciamientos de trasfondo político. «Diario Palentino, 28 de octubre de 2007»